Cómo elegir abogado: colegiación, hoja de encargo y honorarios

Comprueba que está colegiado

Solo pueden usar la denominación de abogado o abogada quienes están incorporados a un Colegio de la Abogacía como ejercientes (Estatuto General de la Abogacía Española, artículo 4). Para colegiarse hace falta el título profesional, que se obtiene con el grado o la licenciatura en Derecho, una formación especializada acreditada y una evaluación estatal (Ley 34/2006, artículos 1 y 2).

Comprobarlo es sencillo. Cada colegio debe ofrecer en su ventanilla única, de forma gratuita, un registro de colegiados actualizado con el nombre, el número de colegiación, los títulos, el domicilio profesional y la situación de habilitación (Ley de Colegios Profesionales, artículo 10.2). Además, el Consejo General de la Abogacía Española publica el Censo de Letrados, en el que se puede buscar a cualquier colegiado de España por su nombre, su número de colegiado o su colegio.

El propio abogado debe identificarse ante ti con su nombre, NIF, colegio y número de colegiado, domicilio profesional y un medio de contacto; si actúa a través de una sociedad profesional, también con la denominación y los datos de registro de la sociedad. El Código Deontológico exige, además, que se identifique con su colegio y su número de colegiación en su web y en sus servicios electrónicos.

Puedes preguntarle también por su seguro. El abogado debe tener cubierta su responsabilidad profesional en una cuantía adecuada a los riesgos; el seguro es obligatorio para las sociedades profesionales y en los demás casos que prevea la ley, y no tenerlo cuando la ley lo exige es una infracción grave según el Estatuto General.

Tus derechos y qué preguntar en la primera consulta

La Ley Orgánica 5/2024, del Derecho de Defensa, en vigor desde diciembre de 2024, reconoce tu derecho a elegir libremente abogado y a prescindir de sus servicios. También tu derecho a que te informe de la viabilidad del asunto, de la posibilidad de acudir a un medio adecuado de solución de controversias, de los costes del proceso, del procedimiento para fijar los honorarios, de las consecuencias de una condena en costas y de la posibilidad de pedir justicia gratuita (artículo 6.2).

Esos derechos se traducen en preguntas muy concretas que conviene hacer antes de encargar el asunto:

• ¿Qué posibilidades reales tiene mi caso?
• ¿Se puede resolver sin juicio, por ejemplo mediante una negociación o una mediación?
• ¿Cuánto costará en total y cómo se calcularán sus honorarios?
• ¿Qué tendría que pagar si me condenan en costas?
• ¿Puedo pedir la justicia gratuita?
• ¿Ha llevado asuntos parecidos al mío?

La última pregunta no responde a una obligación legal, pero te ayudará a valorar la experiencia del despacho en tu tipo de asunto. Si quieres comparar, plantea las mismas preguntas a varios profesionales y anota sus respuestas.

La hoja de encargo y el presupuesto previo

Desde la Ley Orgánica 5/2024, cualquier persona puede pedir que el encargo se formalice por escrito, en una hoja de encargo o documento equivalente, con sus derechos, los trámites esenciales, las principales consecuencias jurídicas y un presupuesto previo con los honorarios y los costes (artículo 15). El Estatuto General obliga además al abogado a informarte de honorarios y costes mediante la hoja de encargo o un medio equivalente, y los colegios deben ofrecer modelos.

Según el Código Deontológico de la Abogacía Española (artículo 15), la hoja de encargo debe recoger:

• El objeto del encargo.
• Las actuaciones incluidas; conviene que diga también cuáles no lo están, como los recursos o las periciales.
• El precio, de forma clara y destacada, o las bases para calcularlo.
• Los suplidos.
• Los momentos de pago.
• Las consecuencias de terminar el encargo antes de tiempo.
• En su caso, la sumisión a arbitraje para resolver discrepancias.

Tenerla firmada te protege. Si más adelante hay un desacuerdo sobre la minuta y el abogado la reclama por la vía de la jura de cuentas, el presupuesto previo aceptado por escrito es la referencia.

Honorarios, provisión de fondos y factura

No hay tarifas oficiales. Los honorarios se pactan libremente entre cliente y abogado, con respeto a las normas deontológicas y de competencia, y la Ley de Colegios Profesionales prohíbe a los colegios fijar baremos orientativos o recomendaciones de honorarios (artículo 14). Los «criterios orientativos de honorarios» que publican algunos colegios solo sirven para la tasación de costas y la jura de cuentas, no como tarifa de mercado; la Ley Orgánica 5/2024 añade que deben ser objetivos y transparentes y que tanto abogados como clientes tienen derecho a consultarlos.

Como cada despacho fija su precio, la mejor forma de comparar es pedir varias propuestas por escrito sobre el mismo asunto y fijarse en qué actuaciones incluye cada una.

El abogado puede pedirte provisiones de fondos o pagos a cuenta antes y durante el asunto, en una cuantía acorde con los honorarios previstos. De cada provisión debe entregarte un justificante y, si son pagos a cuenta de honorarios, la factura. Si no se pagan, el abogado puede renunciar o cesar en el encargo (Código Deontológico, artículo 16).

Al final, el abogado o la sociedad profesional deben entregarte una factura con el detalle de los conceptos de honorarios y la relación de gastos (Estatuto General, artículo 28). Cuando deja de llevar el asunto, debe liquidar honorarios y provisiones y devolverte lo sobrante cuanto antes; negarse o retrasar sin justificación la rendición de cuentas o esa liquidación es una infracción grave.

Costas y alternativas al juicio

Antes de litigar conviene entender las costas. En primera instancia, por regla general, se condena a pagarlas a quien ve rechazadas todas sus pretensiones. La parte de honorarios de abogados que debe pagar el condenado no puede superar un tercio de la cuantía del proceso por cada litigante vencedor, salvo temeridad (Ley de Enjuiciamiento Civil, artículo 394). Tu abogado debe advertirte de las consecuencias y de la cuantía aproximada de una posible condena en costas.

Desde el 3 de abril de 2025, con la Ley Orgánica 1/2025, antes de presentar la mayoría de las demandas civiles hay que intentar un medio adecuado de solución de controversias: la negociación directa o entre abogados, la mediación, la conciliación, la opinión de un experto independiente o una oferta vinculante confidencial. Quien rechace sin causa participar en uno al que haya sido convocado puede perder las costas a su favor o ser condenado a pagarlas. La Abogacía subraya el papel del abogado en todas las fases de estos procedimientos, así que pregunta cómo plantearía esa fase previa en tu caso.

Justicia gratuita: quién puede pedirla

Si tus recursos son escasos, puedes tener derecho a la asistencia jurídica gratuita. Se reconoce a quien carece de patrimonio suficiente y tiene unos ingresos brutos anuales, por unidad familiar, que no superan estos límites (Ley 1/1996, artículo 3):

Situación	Límite de ingresos brutos anuales
Persona que vive sola	Dos veces el IPREM
Unidad familiar de menos de cuatro miembros	Dos veces y media el IPREM
Unidad familiar de cuatro o más miembros o familia numerosa	El triple del IPREM

En 2026 el IPREM sigue en 600 € al mes, porque continúan prorrogados los Presupuestos Generales del Estado de 2023. Excepcionalmente, la justicia gratuita puede concederse hasta el quíntuplo del IPREM, y no se exige requisito económico a las víctimas de violencia de género, terrorismo o trata, entre otros casos. La solicitud se presenta en el Servicio de Orientación Jurídica del colegio de la abogacía, donde pueden orientarte sobre el límite que se aplica a tu caso.

La asistencia jurídica gratuita cubre, entre otras prestaciones, el asesoramiento previo, la defensa y representación por abogado y procurador sin pagar honorarios, la asistencia pericial y las tasas y depósitos para recurrir. El Real Decreto 824/2026, de 14 de octubre, ya en vigor, ha actualizado las compensaciones del turno de oficio, incluida su intervención en los medios adecuados de solución de controversias, sin cambiar los límites de ingresos.

Cambiar de abogado, discrepancias y quejas

Puedes cambiar de abogado cuando quieras. El nuevo letrado comunica la sustitución al anterior, lo que se conoce como «venia» y nunca puede denegarse, y el anterior debe entregarte la información y la documentación del asunto: un abogado no puede retener la documentación de su cliente.

Si el desacuerdo es por la minuta, hay dos caminos. El abogado puede reclamar sus honorarios mediante la jura de cuentas, y tienes entonces diez días para pagar o impugnarlos por indebidos o excesivos. Si los impugnas por excesivos, el letrado de la Administración de Justicia los regula, salvo que el abogado acredite un presupuesto previo aceptado por escrito; y si eres una persona física, el abogado debe aportar el contrato y el juez revisa de oficio si contiene cláusulas abusivas (Ley de Enjuiciamiento Civil, artículo 35). La otra vía es un laudo del propio colegio, si cliente y abogado se someten expresamente a él; la hoja de encargo puede prever esa sumisión.

Para quejas sobre la actuación del abogado, cada colegio debe tener un servicio de atención a consumidores y usuarios que tramite y resuelva las quejas contra colegiados, también por vía electrónica, y que puede remitir el caso a los órganos disciplinarios (Ley de Colegios Profesionales, artículo 12). La Ley Orgánica 5/2024 obliga a los colegios a garantizar un sistema de quejas transparente y accesible. Los recursos contra las sanciones disciplinarias de los colegios los resuelve la Comisión de Recursos y Deontología del Consejo General de la Abogacía Española.

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